El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado al Ayuntamiento de Chiva a que dé una respuesta «motivada y expresa» a los escritos presentados por un representante vecinal en relación con las molestias ocasionadas por el funcionamiento de una actividad de kart del municipio.
Asimismo, el defensor del pueblo valenciano apremia al consistorio, que hasta ahora no ha contestado ni a los vecinos ni tampoco al Síndic, a comprobar las molestias acústicas denunciadas. Si se constatan, esta institución urge a tomar medidas con rapidez y determinación para erradicar las molestias y restablecer el respeto de los derechos de los vecinos afectados.
Estas son dos de las recomendaciones del Síndic al Ayuntamiento de Chiva tras la queja presentada por un representante vecinal que denunciaba la inactividad municipal ante sus denuncias por la «grave contaminación acústica sistemática», que sufren a diario derivadas del funcionamiento del circuito mencionado. Según los vecinos, la actividad del «kartódromo» estaría funcionando sin respetar las condiciones impuestas en la licencia que le fue concedida.
La resolución del Síndic insiste en que, aunque el establecimiento cuente con su correspondiente licencia, si se comprueba que las condiciones técnicas no funcionan correctamente, o son insuficientes, el Ayuntamiento debe imponer las medidas correctoras necesarias para eliminar totalmente las molestias denunciadas. «El titular de la licencia tiene el derecho a ejercer la actividad. Pero este derecho no es absoluto. El ejercicio de la actividad no debe producir molestias a los vecinos».
Por otra parte, y en lo que respecta a la vulneración del derecho a una buena administración por parte del Ayuntamiento de Chiva, Luna considera inaceptable que, «ante una petición formulada por la persona interesada, la administración no ofrezca una resolución o emita una carente de la justificación adecuada que permita al solicitante entender los motivos por los que la administración ha adoptado la citada resolución» Asimismo, esta institución hace suyo lo dicho por el Tribunal Constitucional: «la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes y recursos de los ciudadanos».
Para más información, consulta nuestra resolución sobre este asunto.
