Actualidad

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictado una resolución recordando a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública su deber legal, como empleador, de proteger al personal laboral a su servicio. Además, insta a Sanidad a garantizar el derecho a la salud de los trabajadores de  todos  los  centros  sanitarios, socio-sanitarios  o  sociales  -públicos  y  concertados- dotándoles de los  equipos  de  protección  individual adecuados por la exposición al  virus  y el riesgo de contagio de la Covid-19.

Así se ha pronunciado el Síndic tras cerrar la investigación de una queja presentada a finales de marzo por el presidente autonómico del Sector Sanidad de la Comunidad Valenciana del sindicato CSIF, quien denunciaba que desde el pasado 31 de enero había dirigido varios escritos a la Conselleria de Sanidad en los que  solicitaba  medidas  de  protección  a  los  trabajadores de instituciones sanitarias en relación a la pandemia Covid-19 como mamparas acristaladas separadoras y EPIs, al igual que información de los pasos a seguir y protocolos. El sindicato también manifestaba que había informado de la carencia de guantes, mascarillas quirúrgicas, FPP2 y FPP3 y desinfectante, sin haber recibido respuesta expresa de la administración sanitaria a ninguno de sus escritos.

El Síndic concluye que es un hecho notorio que existió una situación de desabastecimiento desde los primeros instantes de la pandemia, pero  lo  cierto  es  en el informe remitido a la institución la Administración no acredita haber respondido, no ya con la información reclamada directamente por el autor de la presente queja, sino tampoco con la identificación de  las  medidas  concretas  y  el  suministro  de  los  EPIs  destinados  a  proteger  a  los profesionales  del  ámbito  sanitario  denunciado por este colectivo. De hecho, el  personal  sanitario  ha  desarrollado  su  trabajo  bajo  la  existencia  de  un  riesgo  grave para la salud, por su exposición al agente biológico Covid-19, propiciado por la escasez de EPIS. Dicho riesgo se ha materializado en un alto índice contagios entre el personal sanitario, con mayor incidencia que el resto de la población.

Sin poner en duda los esfuerzos de la Conselleria,  así  como las dificilísimas circunstancias del  aprovisionamiento  de  material  que  se  ha  ido  llevando  a  efecto,  el Síndic echa en falta  que  Sanidad  hubieran  hecho constar en su informe  los concretos suministros de EPIs, tal y como reclamaba el autor de esta queja.

Asimismo,  Luna, destaca    el  hecho  de  que  seguimos  en  una situación  delicada  desde  el  punto  de  vista  de  salud  pública,  con  nuevos  rebrotes  en  la Comunidad  Valenciana,  a  nivel  nacional  e  internacional,  lo  que  obliga  a  extremar  los riesgos probables que se deriven de esta situación. “La  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  impone  la  obligación  legal  a  la Administración,  como  empleadora,  de  proteger a  los  trabajadores,  lo  que  conlleva necesariamente también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo con las mínimas e imprescindibles condiciones de seguridad para  su  salud. De no hacerlo ,  sin  que  resulte justificada  tal  conducta,  infringe  la normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales,  pero  además  ello  conlleva  poner  en peligro  a  los  trabajadores,  que  quedan  expuestos  a  un  riesgo  grave  para  su  salud previsible, evitable o minimizable, pudiendo incluso lesionarse la vida”, señala el síndic.