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El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para verificar las informaciones recibidas respecto a la actuación de la Generalitat en el cobro de la tasa por la prestación de servicios de atención social, ya sea atención residencia, centro de día y de noche, vivienda tutelada, etc. 

Esta nueva tasa viene a sustituir al copago que se venía aplicando y que ha sido declarado nulo por el TSJCV, por considerar, entre otras cuestiones, que la participación económica de los usuarios en el coste de los servicios debería ser regulada como tasa y no como precio público. La medida afecta de lleno a las personas mayores y a las personas con discapacidad usuarias de estos recursos.

Durante la reunión celebrada esta semana en la sede del Síndic, los representantes de la Plataforma en defensa de la ley de la dependencia trasladaron al adjunto primero, Ángel Luna, su preocupación por la forma de proceder de la Administración autonómica para hacer efectivo el cobro de dicha tasa.

Según ha tenido conocimiento esta institución, las personas afectadas están recibiendo notificaciones en las que se les requiere los datos bancarios para domiciliar el importe de la tasa, sin haber concretado la cuantía de la misma. Además, al considerarse una tasa, se les informa de los posibles recargos que pudieran derivarse de las demoras en el pago.

Del mismo modo, el Síndic ha conocido la denuncia de la utilización de datos bancarios para cobrar dicha tasa sin autorización previa de los usuarios de centros de discapacidad.

Ante esta nueva situación, el defensor del pueblo valenciano ha considerado ineludible iniciar una investigación que ayude a vislumbrar y solventar las posibles vulneraciones de los derechos de este colectivo tan sensible.