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La actuación del defensor del pueblo valenciano se originó al recibir la queja de una vecina que manifestaba que se había dirigido en reiteradas ocasiones al consistorio solicitando información relativa a dicho PAI industrial I-I, donde se sitúan sus terrenos y que no había obtenido respuesta. En concreto pedía que le facilitaran la carta de pago de cada una de las cuotas liquidadas por el desarrollo de dicho programa. Asimismo, solicitaba una explicación por el retraso de más de cuatro años en finalizar las obras.

El Síndic, por su parte, le recuerda al consistorio que, de acuerdo con la LOTUP (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana) los propietarios de los terrenos de un PAI tienen derecho, entre otras cosas, a obtener del urbanizador y de la administración información verídica y concreta sobre cualquier aspecto de la ejecución del PAI. Por tanto, en el caso que nos ocupa, la interesada tiene derecho a que, tanto la empresa urbanizadora como el Ayuntamiento de Granja de la Costera le informen a cerca de todos los aspectos relativos a la ejecución de dicho programa, así como de las causas de los retrasos en la ejecución del mismo.

Por todo ello, el defensor del pueblo valenciano recomienda al Ayuntamiento de la Granja de la Costera que facilite a la interesada toda la información requerida, así como las facturas, junto con las certificaciones de obra correspondientes, que hasta el momento no han sido trasladadas a la misma.