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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha abierto una queja de oficio para conocer las modificaciones que tiene prevista la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para conferir a los ayuntamientos la competencia en la  valoración de los expedientes de solicitud de dependencia. En concreto, el defensor del pueblo valenciano se ha interesado por los cambios normativos y administrativos previstos para su ejecución, así como la repercusión que esta medida podría tener en la gestión del resto de competencias que vienen prestando los servicios sociales municipales afectos.

Según la información recibida desde algunos ayuntamientos de la provincia de Alicante, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha encargado la tarea de valoración de dependencia a las trabajadoras y trabajadores sociales del Servicio de Atención a la Dependencia de los ayuntamientos (SAD). Desde el Síndic, resulta indiscutible el beneficio que supondría la realización de estas tareas por parte de los servicios sociales municipales, por su proximidad y conocimiento cercano de las necesidades de las personas.

No obstante, compartimos la preocupación de los ayuntamientos que se han dirigido a esta institución y nos han hecho llegar las dificultades con las que se van a encontrar a la hora de poner en funcionamiento este nuevo modelo de gestión, que comenzará el 1 de mayo en la provincia de Alicante y se extenderá progresivamente a Castellón y Valencia.

DIFICULTADES PLANTEADAS

Además del soporte normativo con el que deberían contar los equipos profesionales de los SAD a la hora de asumir esta nueva función, los municipios han trasladado al Síndic otras dificultades tales como la escasa dotación económica a los ayuntamientos, o la formación y experiencia de los profesionales que van a asumir las tareas de valoración. Sobre este último asunto,  la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha impartido un curso de 70 horas dirigido a los profesionales que van a hacerse cargo de esta nueva tarea, formación que los ayuntamientos consultados por el Síndic consideran insuficiente.

Por otro parte, estos profesionales ya están sobrecargados con sus actuales funciones, (información general sobre solicitudes de dependencia, elaboración del informe social del entorno, elaboración de propuestas PIA, etc.) por lo que el aumento de nuevas tareas sin ampliación de la plantilla actual, podría ir en detrimento de la necesaria agilidad en la tramitación de los expedientes.

Por último, los ayuntamientos que se han dirigido al Síndic, han mostrado su preocupación por el hecho de que sólo se descentralicen las tareas de valoración de solicitudes y que no se entre en el estudio de un proceso de descentralización más amplio que abarque la resolución de grados de dependencia y de Programas Individuales de Atención, actualmente centralizado en la Dirección General de Servicios Sociales y personas en situación de dependencia.