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El Síndic recomienda al Ayuntamiento de Ribarroja que adopte las medidas urbanísticas puestas a su disposición para desmantelar los restos de un repetidor ilegal

09-05-2013
El Síndic recomienda al Ayuntamiento de Ribarroja que adopte las medidas urbanísticas puestas a su disposición para desmantelar los restos de un repetidor ilegal

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instado al Ayuntamiento de Ribarroja que adopte las medidas que la legislación urbanística pone a su disposición al objeto de restaurar la legalidad urbanística conculcada por la instalación de una torre y su respectiva antena de TDT que había sido utilizada como repetidor, en la terraza de un céntrico edificio de dicha localidad valenciana.

El síndic, José Cholbi, ya investigó esta situación hace unos años y en aquella ocasión, el Ayuntamiento reconoció que en la calle San Antonio, sí hubo en le pasado una instalación que funcionaba como repetidora de señal, la cual fue desconectada y se encuentra ahora mismo fuera de servicio.

El año pasado, el autor de la queja presentó un nuevo escrito (acompañado de fotografías) en las que manifestaba que el repetidor empezó a ser desmontado parcialmente a raíz de la intervención del Síndic ante el Ayuntamiento. No obstante, denunciaba la existencia de otras antenas dirigidas hacia el repetidor de TDT, lo que, a su juicio, demostraba que el repetidor aún funcionaba. Por lo que solicitaba la intervención del síndic para que se desmantelara totalmente la instalación consistente en una torre grande con la antena por quedar demostrado que carecía de licencia.

En síndic, por su parte, tras constatar el total desacuerdo entre el Ayuntamiento y el autor de la queja a la hora de determinar si una de las antenas ubicadas en la Calle San Antonio es un repetidor (en cuyo caso haría falta una licencia de actividad) o una antena de recepción (no es necesario dicha licencia), concluye que no es competencia del Síndic resolver este tipo de discrepancia. Ahora si, José Cholbi recuerda a las autoridades municipales de Ribarroja la obligación de restablecer la legalidad urbanística vulnerada en un plazo de 4 años desde la total terminación de las obras.

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