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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para recomendarle que resuelva el procedimiento, ya iniciado, de licitación de concesión de transporte de viajeros entre Agost y Alicante atendiendo las necesidades de todas las personas y en especial de aquellas con movilidad reducida.

De esta forma se pronuncia el defensor del pueblo valenciano tras estudiar la queja presentada por una ciudadana, con una discapacidad del 75%, que utiliza silla de ruedas para todos sus desplazamientos y actividades de la vida diaria. La afectada vive en Agost y estudia en la Universidad de Alicante, utilizando a diario el Servicio de Transporte Adaptado que proporciona esta universidad a los alumnos con movilidad reducida entre los meses de octubre a junio. Sin embargo, se lamenta de que la única línea de transporte público que cubre el trayecto Agost- Alicante carece de vehículos adaptados. Una circunstancia que inevitablemente limita sus relaciones sociales, sus posibilidades de formación y laborales, así como su derecho a acceder al entorno económico, sanitario y/o cultural en igualdad de condiciones.

De la información que tanto la Administración como la empresa que presta el servicio han facilitado al Síndic en el transcurso de la investigación, se desprende que el pliego de condiciones de la concesión de transporte público para este trayecto se aprobó en 2001 y no especifica la necesidad ni la obligación de disponer vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Además, la concesión en cuestión se encuentra caducada desde 2007 y se ha ido prorrogando de forma sucesiva y extraordinaria hasta que en octubre de 2013 se resolvió prolongar la gestión hasta que finalizara el procedimiento de nueva licitación.

La cuestión es que en la actualidad, la referida conselleria está elaborando un nuevo mapa concesional que pretende dar respuesta a las nuevas demandas y necesidades de la ciudadanía, y la empresa concesionaria, según su informe, está prestando el mencionado servicio “absolutamente en precario en un limbo jurídico administrativo”.

En cualquier caso, el defensor del pueblo valenciano mantiene que el transporte público es un servicio básico a la hora de garantizar la autonomía personal y la plena integración socioprofesional de la ciudadanía. Al amparo de las distintas leyes y normativas vigentes, el Síndic insiste en que la Administración debe garantizar la accesibilidad al sistema de transporte de todas las personas, teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de la totalidad de la población y con carácter preferente de las personas que deban desplazarse temporal o permanentemente en sillas de ruedas o con otro tipo de ayudas.

Por todo ello, el Síndic ha pedido a la Administración que no dilate más este nuevo proceso de licitación que está provocando graves perjuicios a las personas con movilidad reducida a la hora de participar activamente y en condiciones de igualdad en la vida de la comunidad.

El contenido íntegro de la resolución del Síndic se puede consultar en nuestra página web.