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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se ha dirigido al Ayuntamiento de Alicante para sugerirle que articule mecanismos de participación, tales como: el derecho a la consulta, el derecho a la iniciativa y el derecho a la participación ciudadana para fomentar la interacción entre el gobierno municipal y la ciudadanía.

En concreto, José Cholbi le pide en su escrito a la alcaldesa, Sonia Castedo, que negocia en un futuro con las asociaciones de vecinos de Alicante soluciones que suavicen la modificación de la ordenanza de la ORA en aquellos barrios y zonas afectadas que permitan su utilización sin coste, o coste reducido, para los residentes.

José Cholbi, en su condición de defensor del pueblo valenciano, abrió en su día una queja de oficio al conocer el malestar existente entre un numeroso grupo de asociaciones vecinales que mostraban su desacuerdo con la actuación de la corporación municipal alicantina en la modificación de la ordenanza de la ORA en zonas concretas de la capital. Esas asociaciones no estaban de acuerdo con los procedimientos seguidos por el Ayuntamiento ni en el nuevo planteamiento de la ORA ni en el rechazo de las alegaciones que presentaron.

Al requerir a la corporación municipal para que le facilitara información completa sobre sus decisiones respecto a la citada modificación de la ordenanza, desde el Ayuntamiento se informó a José Cholbi que el Ayuntamiento Pleno aprobó inicialmente la ordenanza, publicándose en el BOP y concediéndose un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones. Durante dicho plazo -añadía el escrito municipal- además de las alegaciones presentadas por los distintos grupos municipales (PSOE, Esquerra Unida y UPD), se formularon escritos de reclamación firmados por las asociaciones de vecinos Alipark, Benalúa 10, El Pla, El Templete, Movimiento por Benalúa y El Magro, por un lado, y las asociaciones Ciudad Elegida, Juan Pablo II, La Voz de la Florida, San Gabriel, Ciudad de Asís, Sol de Alacant, Barrio San Antonio, San Blas y Gran Vía Sur Puerto, por el otro.

Seguía informando el Ayuntamiento en su escrito al Síndic que todas las alegaciones presentadas fueron debidamente contestadas, siendo aprobado el texto definitivo de la ordenanza en cuestión. Y que posteriormente a la aprobación mantuvo reuniones con las asociaciones para consensuar la redacción definitiva, con férrea y frontal oposición de Alipark, Benalúa 10, El Pla, El Templete, Movimiento por Benalúa y El Magro.

Una vez estudiada toda la documentación remitida por el Ayuntamiento, por un lado, y las asociaciones contrarias a la modificación de la ORA, por el otro, José Cholbi estima, y comunica a la corporación municipal, que la gestión de la cosa pública en la actualidad no puede canalizarse unilateralmente como el despliegue de actos y de resoluciones dirigidas a los administrados, sino que también éstos han de participar e interactuar en los criterios rectores de los asuntos públicos. En dicha bilateralidad aparecen conceptos propios del ejercicio de derechos que ostentan las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tales como el derecho a la consulta, el derecho a la iniciativa y el derecho a la participación ciudadana. Todas estas claves conducen a la formulación del concepto de gobernanza y, en especial, de la gobernanza local.

Por consiguiente, José Cholbi sugiere a la alcaldesa, Sonia Castedo, que articule mecanismos de participación para fomentar la interacción entre el gobierno municipal y la ciudadanía para que los ciudadanos, bien individualmente o bien asociados, pasen a ser protagonistas activos en la gestión de los servicios públicos.