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El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que, en el marco de sus respectivas competencias, adopten todas las iniciativas y actuaciones que sean necesarias para atender las necesidades del barrio José Antonio de Alicante, “coadyuvando a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana de la zona”.

De esta forma resuelve el defensor del pueblo valenciano la queja presentada por una vecina que indicaba la situación de degradación en la que se encuentra actualmente esta zona de la ciudad. En concreto, la interesada ponía de manifiesto el inadecuado estado de conservación de las zonas comunes de las viviendas que integran el barrio (aceras, arbolado, bancos y demás mobiliario urbano), así como problemas de inseguridad ciudadana y ocupación ilegal de viviendas públicas vacías.

Tras dirigirnos a las dos administraciones afectadas, la Conselleria nos indicaba que el barrio está inmerso en un proceso de regeneración y renovación urbana en fase de análisis. Respecto a las ocupaciones ilegales, la Conselleria mantiene que desde el EIGE se realizan inspecciones periódicas  para detectar dichas situaciones y, en su caso, trasladarlas a una Comisión Mixta formada por el Ayuntamiento y el EIGE en busca de soluciones para estas familias.

 El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, indicaba al Síndic que los espacios y zonas comunes a las que se refiere la queja no son de titularidad municipal, pese a ello el consistorio afirma que realiza algunas tareas de mantenimiento, en especial limpieza y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, con el fin de preservar las condiciones de salubridad en la zona. Igualmente, nos comunican que “la Seguridad Ciudadana en general y, en concreto la investigación y persecución de los delitos contra el patrimonio son competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no de la Policía Local”, todo ello sin perjuicio de las actuaciones efectuadas por la Policía Local tendentes a evitar que se comentan actos delictivos.

A pesar de las medidas adoptadas y reportadas por las administraciones implicadas, el Síndic estima que éstas no han logrado paliar los problemas de degeneración urbana que vienen padeciendo los vecinos de la zona. Asimismo, esta institución entiende que la Administración debe asumir la garantía, de forma directa, de facilitar y entregar una vivienda asequible a quienes la necesitan y de mantener las condiciones de dignidad de las viviendas públicas que se han promovido y, en todo caso, de aquellas que resultan ser de su propiedad y se hayan cedido en régimen de alquiler. Por todo ello, el defensor del pueblo valenciano insiste en la necesidad de que los poderes públicos implicados lleven a cabo actuaciones de rehabilitación edificatoria, renovación y regeneración urbana en este barrio alicantino.