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Durante el 2017, el Síndic de Greuges llevó a cabo un total de 30.136 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía, de las cuales 17.544 corresponden a quejas tramitadas por la institución (17.505 quejas de parte y 39 quejas de oficio) y 12.592 a consultas atendidas por su Oficina de Atención Ciudadana. Durante ese periodo, el Síndic dictó 6.476 resoluciones para mejorar las actuaciones y el servicio ofrecido por la Administración local y autonómica.

Así lo recoge el Informe Anual 2017 de la institución que José Cholbi ha entregado hoy al president de Les Corts Valencianes, Enric Morera y que posteriormente ha dado a conocer a los medios de comunicación.

Evolución del trabajo del Síndic

Otro dato a destacar del documento es el importante grado de aceptación por parte de las administraciones públicas a las recomendaciones o sugerencias dictadas por el Síndic de Greuges durante el 2017, ya que de un total de 6.290 resoluciones respondidas al tiempo de redactar el presente Informe, se han aceptado 5.803, lo que supone un grado de aceptación de 92,3%.

En cuanto a la procedencia geográfica de las quejas presentadas, los datos son los siguientes: el 1,36% de las quejas proceden de la provincia de Castellón, el 35,99% de la provincia de Valencia y el 62,65% de la provincia de Alicante.

PRINCIPALES QUEJAS  POR ÁREAS

El 59% de los problemas que ha investigado el Síndic en 2017 están relacionados con la prestación de servicios públicos básicos del Estado de Bienestar, es decir, con educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, infancia, vivienda e igualdad.

Las principales materias sobre las que han tratado las quejas estudiadas por el Síndic en este último año son las siguientes:

• Educación con un total de 6.661 quejas, de ellas 5.765 corresponden a acciones colectivas por la supresión de unidades concertadas de bachillerato en centros de la Comunitat Valenciana y por la disconformidad con el nuevo modelo lingüístico educativo valenciano conocido por “plurilingüismo”. También han llegado al Síndic las quejas por la atención deficitaria a menores con necesidades educativas especiales, ya sean por falta de profesionales de audición y lenguaje, de educadores o de profesionales de enfermería para proporcionar los apoyos específicos que requieren.  Asimismo, también han llegado quejas por los problemas que plantean los límites de edad en la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales. En cuanto a la educación infantil, las quejas más frecuentes son por la falta de personal para solventar los problemas de higiene en las aulas de 3 años.

• En materia de Medio Ambiente la institución tramitó un total de 2.891 quejas, siendo 1.322 de ellas por el tratamiento de aguas residuales en la Isla de Tabarca. También han sido muy habituales las quejas de contaminación acústica por el ocio nocturno,  casales festeros, comportamiento incívico entre vecinos, ruidos de tráfico etc. Otras hacen referencia a problemas de acceso a la información medioambiental, tratamiento de emisiones tóxicas y residuos de industrias, el plan eólico, etc.

• En el área de Sanidad hemos recibido un total de 2.290 quejas, 1.183 de ellas corresponden a la actuación colectiva de padres de menores de edad que se quejaban por la falta de desfibriladores y otras medidas de atención a emergencias sanitarias en las instalaciones deportivas donde jugaban sus hijos. Otras quejas están relacionadas con las listas de espera sanitarias, acceso a técnicas de reproducción asistida, infraestructuras sanitarias, salud mental infanto-juvenil, los límites edad en los servicios de atención temprana a menores y  responsabilidad patrimonial.

• El área de Tráfico acumula este año un total de 1.808 quejas, siendo 1.675 de ellas una acción colectiva por problemas en las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta de Valencia.

• Las quejas relacionadas con la aplicación de ley de atención a la dependencia aumentan este año hasta las 937 quejas. Las más habituales se refieren a los retrasos en el reconocimiento de las prestaciones reconocidas en esta ley. Asimismo, hemos empezado a recibir quejas relacionadas con los retrasos en la grabación de solicitudes debido a las consecuencias negativas que tiene para los ciudadanos la discrepancia de fechas. También son frecuentes las quejas en materia de responsabilidad patrimonial por fallecimiento de solicitante de la declaración de dependencia una vez excedido el plazo legal para resolver su solicitud.

• En la materia de Servicios Locales constan un total de 937 quejas. La mayoría de ellas – 706 – son una acción colectiva por la ausencia de servicio público regular de transporte entre la isla de Tabarca y la península. El resto de quejas tienen que ver con el suministro de agua potable, la recogida de basura, el mantenimiento y ornato de vías públicas y espacios urbanos, el transporte municipal y la gestión de expedientes sancionadores.

• Las quejas de Empleo Público son un total de 338 y guardan relación con los derechos de empleados públicos, comisiones de servicio, integración de personas con discapacidad en la función pública, funcionarios interinos, bolsas de trabajo, etc.

• En Servicios Sociales hemos recibido 281 quejas sobre: retrasos en la valoración del grado de discapacidad, renta garantizada de ciudadanía, familias numerosas y monoparentales, familias de acogida, puntos de encuentro familiar, etc.

• Urbanismo acumula un total de 279 quejas sobre: acceso a la información urbanística, demoras en conceder permisos y licencias, obras ilegales, tramitación y aprobación de planes urbanísticos e instrumentos de ordenación, limpieza y conservación de solares etc.

• En el área de Régimen Jurídico hemos recibido 253 quejas que versan sobre: transparencia y participación ciudadana, buen gobierno, contratación, responsabilidad patrimonial, falta de acceso de información pública a concejales en la oposición, etc.

• En Hacienda Pública constan un total de 157 quejas sobre: tributos gestionados por ayuntamientos (IBI, plusvalía, tasa de basuras, etc.) y también impuestos gestionados por la hacienda autonómica (impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre sucesiones y donaciones, etc.).

• En relación con los problemas de Vivienda pública, se presentaron 133 quejas debida a las demoras en acceder a una vivienda pública por parte de los colectivos más desfavorecidos. Unas demoras que se cuentan por años en la mayoría de los casos.

QUEJAS DE OFICIO

Respecto a las treinta y nueve investigaciones de oficio abiertas durante el 2017, la gran mayoría de ellas están relacionadas con los derechos de personas o colectivos en situación de desprotección, en riesgo de exclusión social o en situaciones de especial vulnerabilidad. Entre otros asuntos, este año hemos supervisado: la atención a menores ex tutelados; situación del centro de recepción de menores Alacant; la falta de docentes en educación especial; la atención a la salud mental infanto-juvenil; el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar; la atención a las mujeres víctimas de violencia de género; inspección de centros residenciales de personas mayores; o la participación de menores extranjeros en deporte federado; la insalubridad de las viviendas del EIGE en barrio Miguel Hernández de Alicante, y ;  la falta de cirujanos pediátricos en hospitales de la CV, entre otras tantas.

INFORMES ESPECIALES

Al trabajo relacionado con la tramitación ordinaria de las quejas hay que añadir la presentación de tres informes especiales y/o monográficos que fueron entregados a Les Corts Valencianes durante el año pasado bajo los siguientes títulos:

• El papel de los servicios sociales generales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis, presentado en enero de 2017.
• El ejercicio de la tutela de menores por las administraciones públicas valencianas, entregado en un mes más tarde, en febrero de 2017
• La atención y la protección a las mujeres víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana, que lo hicimos público en junio de 2017.

Cada uno de estos documentos concluye con un conjunto de propuestas de mejoras dirigidas a las administraciones con competencia en cada uno de los asuntos tratados.

COLABORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

En cuanto al grado de colaboración de las administraciones públicas valencianas con  esta Institución, queremos significar que sigue siendo muy elevado y satisfactorio. No obstante, el Informe Anual 2017 detalla trece administraciones que no han contestado a nuestras peticiones de información tras varios requerimientos, obligándonos a dictar resoluciones sin conocer el parecer de la administración denunciada. En esta situación se encontrarían:

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (en 133 quejas); Ayuntamiento de Elda (en 7 quejas), Ayuntamiento de Lliria (en 3 quejas); Ayuntamiento de Monforte del Cid (3 quejas); Ayuntamiento de Moncada (2 quejas); Conselleria de Sanidad Universal (1 queja); SUMA Gestión Tributaria (1 queja); Ayuntamiento Benaguasil (1 queja); Ayuntamiento de Catarroja (1 queja);   Ayuntamiento de Mutxamel (1 queja); Ayuntamiento de Náquera (1 queja); Ayuntamiento de Peñíscola (1 queja); Ayuntamiento de Rojales (1 queja).

También damos cuenta de aquellas administraciones que no han dado respuesta a nuestras recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales tras repetidos intentos de obtener respuesta. Esta sería la situación de:

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (en 95 resoluciones); Ayuntamiento de Elda (8 resoluciones, aunque en 3 recibimos respuesta tras comunicar el cierre); Conselleria de Sanidad Universal (2 resoluciones, aunque en una de ellas recibimos informe tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Catarroja (2 resoluciones); Ayuntamiento de Lliria (2 resoluciones, en una de ellas recibimos respuesta tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Moncada ( 2 resoluciones); Ayuntamiento de Mutxamel ( 2 resoluciones); Ayuntamiento de Orihuela (2 resoluciones); Conselleria de Educación (1 resolución); Coselleria de Vivienda (1 resolución); SUMA Gestión Tributaria (1 resolución); Ayuntamiento de Alginet (1 resolución); Ayuntamiento de Alicante (1 resolución), Ayuntamiento de Aielo de Malferit (1 resolución); Ayuntamiento de Bellreguard (1 resolución); Ayuntamiento de Burjasot (1 resolución); Ayuntamiento de Carcaixent (1 resolución que contestan tras comunicar el cierre); Ayuntamiento de Chiva (1 resolución); Ayuntamiento de Daimús (1 resolución); Ayuntamiento de Daya Nueva (1 resolución); Ayuntamiento de Oliva (1 resolución, que contestan tras comunicar el cierre de la queja); Ayuntamiento de Peñíscola (1 resolución); Ayuntamiento de Rojales (1 resolución); Ayuntamiento de Serra (1 resolución); Ayuntamiento de Torrevieja (1 resolución); Ayuntamiento de València (1 resolución); Ayuntamiento de Vinalesa (1 resolución).

En las dos situaciones descritas, hay expedientes en los hemos recibido el informe requerido después de haber dictado la resolución, y otros en los la Administración viene a contestar a nuestra resolución una vez que ya hemos cerrado la queja.

En cualquier caso y sobre esta falta de colaboración, el Síndic advierte de la idiosincrasia de esta institución y de la obligación de la administración a colaborar con la misma para su correcto funcionamiento: “La peculiar naturaleza de esta institución, cuyas resoluciones no gozan de fuerza para obligar a su cumplimiento, requiere de un elevado grado de colaboración de las administraciones y organismos sujetos a su control. De otra forma, el Síndic puede llegar a ser una voz que clama en el desierto, viéndose obligado a gritar cada vez más fuerte para que sus denuncias alcancen el suficiente grado de notoriedad”.

NOTA: Todas las resoluciones a las que hacemos mención en nuestro Informe Anual 2017 pueden ser consultadas en nuestra página web haciendo clic sobre el número de queja (en la versión digital). Igualmente, todos los informes especiales publicados durante el 2017 también se encuentran disponibles en nuestra web para su consulta y/o descarga.

El Informe Anual 2017 del Síndic de Greuges está disponible en esta página web.