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El Ayuntamiento y la Diputación de Valencia destinan más de 3,5 millones de euros a la teleasistencia domiciliaria

01-03-2013
El Ayuntamiento y la Diputación de Valencia destinan más de 3,5 millones de euros a la teleasistencia domiciliaria

El Ayuntamiento y la Diputación de Valencia van a destinar este año algo más de cinco millones de euros al programa de teleasistencia domiciliaria a pesar de que ambas administraciones públicas no recibirán ninguna subvención del IMSERSO. El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha recibido una información muy completa de los programas del Ayuntamiento y la Diputación y, ante ella, quiere destacar el papel de ambas en el mantenimiento de uno de los servicios más necesarios para las personas mayores y otros colectivos desasistidos.

En concreto, la Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus, ha decidido presupuestar para el ejercicio de 2013 la cantidad de 2.310.127 euros, cantidad repartida en función de las necesidades de todas las poblaciones de la provincia de Valencia, con excepción de la capital. En el año 2012, el IMSERSO aportó 1.326.539 euros mientras que la Diputación presupuestó 2.157.489 euros, mientras que la Conselleria de Bienestar Social destinó 514.470 euros. El IMSERSO y la Conselleria han suprimido esa aportación para el presente año. Con estas cantidades se atendía a un total de 16.289 beneficiarios.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ha decidido asumir el coste total del servicio para dar cobertura a las 4.605 personas usuarias de terminal de teleasistencia, de tal modo que se continúe facilitando el servicio a las personas mayores y personas con discapacidad que actualmente son beneficiarias del programa. La cantidad destinada se aproxima al 1.300.000 euros. En el año 2012, el Ayuntamiento recibió del IMSERSO 661.493 euros, mientras que la aportación municipal superaba los 600.000 euros.

José Cholbi, como defensor del pueblo valenciano, se ha dirigido a la consellera de Bienestar Social para recomendarle que coordine las actuaciones de las distintas administraciones públicas para unificar las medidas a adoptar, y que arbitre las medidas necesarias para la elaboración de un Plan de Financiación concertado con las entidades locales, que haga posible la viabilidad y estabilidad del servicio.

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