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Durante los días 26 y 27 de junio se ha celebrado en Alicante un taller titulado «La labor de las Defensorías en la promoción de la buena administración», organizado por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en el que participan representantes de todas las defensorías autonómicas y del Defensor del Pueblo de España. Las propuestas recogidas en estas jornadas de trabajo se presentarán en las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que este año tendrán lugar en el País Vasco.

La defensa del derecho a una buena administración se ha convertido en uno de los ejes centrales de la actuación del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Derecho de nuevo cuño (reconocido a los valencianos y valencianas de manera expresa en los artículos 8 y 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea), ha adquirido la categoría de derecho fundamental de nueva generación, como ha señalado el Tribunal Supremo.

La decisión de dedicar las Jornadas de Coordinación a esta cuestión nace de la experiencia diaria que acumulan las Defensorías como receptoras de las quejas de los ciudadanos, y la creciente percepción de la existencia de una mala administración sistémica, que debe ser corregida. «No tenemos una buena administración», ha señalado el síndic de Greuges de la Comunitat Valencina, Ángel Luna, y eso se «extiende» a todos los territorios.

La preocupación por la calidad institucional de la gestión pública y la crucial importancia de adoptar medidas que refuercen la confianza de los ciudadanos en el correcto funcionamiento de las instituciones públicas es una razón que explica este renovado interés por la buena administración, y sus consecuencias.

En efecto, la ausencia de una buena administración y las actuaciones de mala administración que la vulneran implican una traba al correcto disfrute de los derechos que corresponden a las personas, y les impone indebidamente la carga de litigar (primero en vía administrativa; más tarde en sede judicial) para obtener aquello a lo que tienen derecho.

Esto resulta particularmente limitante para aquellos sectores de la población que son más vulnerables y desfavorecidos, donde la falta de medios o conocimientos para reclamar y/o acceder a la Justicia termina determinando la pérdida de derechos.

La buena administración no es sólo cumplir estrictamente las normas y el procedimiento; sino también satisfacer las necesidades de los ciudadanos y cumplir la función de servir con la máxima diligenciar, que es propia de la Administración y de las personas que la integran

Este concepto de buena administración eleva a la categoría de requisito central de la actividad de los empleados públicos la plena y constante empatía con el problema que padece la persona; es decir, la labor de ponerse constantemente en el lugar del administrado a la hora de analizar lo que este plantea y ofrecerle una solución. Se trata, en resumidas cuentas, de maximizar la vinculación ética y la sensibilidad social.  Unos servicios públicos de calidad suponen «una respuesta eficaz a la ciudadanía en un tiempo razonable». Los funcionarios «a los que pagan los ciudadanos» y, con ellos los sindicatos, deben implicarse, en dar a la ciudadanía «esa respuesta eficaz», manifiesta el síndic.

El hecho de que las Defensorías, a través de sus Resoluciones, pongan de manifiesto la existencia de un caso de mala administración, más allá de que se haya cumplido la literalidad de la ley, es un elemento decisivo para crear, en el seno de las Administraciones Públicas, una cultura de buena administración que termine impregnando la actuación de todas y cada una de las personas que las integran.