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La ciudadanía tiene derecho a las prestaciones sociales reconocidas por ley, un derecho subjetivo que no se pueden eludir ni sustituir por un concepto de beneficiencia e incluso neocaridad.

En marzo de 2017 hicimos público un informe en el que se abordaba el papel de los servicios sociales generales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis económica. Una crisis que se ha ensañado especialmente con los colectivos más vulnerables, provocando en demasiadas ocasiones un desbordamiento de los servicios sociales. Consecuentemente, muchas familias se han visto obligadas a iniciar un doloroso y desesperado peregrinaje por ONG en busca de cobertura a sus necesidades más básicas y elementales tales como comida, pañales o medicinas para tratamientos de enfermedades crónicas y graves que en ocasiones eran abandonados por falta de recursos.

Desde el Síndic ponemos en valor la importe labor de todas estas ONG a la hora de proporcionar atención, ayuda y apoyo a las familias en situaciones de riesgo de exclusión social. Estas ONG han jugado un papel fundamental a la hora de amortiguar y aliviar situaciones de necesidad y sufrimiento  en un panorama tan devastador como el generado durante los años más complicados de la crisis. No obstante, consideramos preocupante  la derivación hacia estas organizaciones sociales para atender las necesidades más elementales de las personas más débiles y desvalidas.

De ahí que nuestro informe concluya con una treintena de propuestas y recomendaciones dirigidas a la Administración con el objetivo de contribuir al desarrollo de un modelo de servicios sociales en el que los derechos sociales se consoliden como derechos subjetivos y en el que quede claramente definida la responsabilidad pública así como los mecanismos de participación de todos los actores del sistema.

Por su parte, el Pleno del Consell aprobó el pasado 30 de junio el Proyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, una nueva prestación que sustituirá a la actual Renta Garantizada de Ciudadanía. Desde el Síndic dirigimos a la Conselleria de Igualdad una serie de consideraciones en la fase de anteproyecto de esta norma y ahora consideramos urgente la aprobación de la misma para consolidar el derecho subjetivo a recibir una prestación que cubra las necesidades básicas de las personas que carezcan de recursos suficientes.