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El Observatorio del Menor del Síndic de Greuges, con representación de veintidós entidades de Castellón, Valencia y Alicante, ha celebrado hoy, por primera vez, la reunión del pleno en Castellón. Un observatorio que lleva funcionando año y medio con un objetivo muy claro: velar por los derechos de la infancia y adolescencia. Para ello, sus miembros mantienen reuniones trimestrales donde trasladan posibles situaciones de vulneración de los derechos de los menores que han detectado desde sus respectivas perspectivas y ámbitos de actuación profesional. Asuntos que son abordados y analizados en profundidad por los expertos de este órgano a fin de elaborar propuestas de mejoras dirigidas a las administraciones públicas competentes. 

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los miembros del Observatorio y ha mostrado su satisfacción por acoger esta reunión en el Ayuntamiento de la ciudad. Por su parte, Marco ha manifestado que “la protección de la infancia es un principio que debería ser transversal en todas las administraciones y en todas las áreas de gestión.” Y en este sentido ha hecho público su compromiso de priorizar las políticas de inclusión social y modificar aquellas actuaciones que puedan situar a los menores en situación de riesgo de desprotección.  

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA HAY 3.848 MENORES CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FUERA DE SUS HOGARES

Precisamente,  hoy el Observatorio del Menor ha presentado ante los medios de comunicación su último informe bajo el título “El Ejercicio de la Tutela de Menores por la Administración valenciana”. El documento, elaborado por técnicos de servicios sociales de la Administración,  profesionales de centros de menores, familias acogedoras, y técnicos del Síndic, pone de manifiesto la necesidad imperiosa de definir un Plan Estratégico de Atención a la Infancia y Adolescencia, una recomendación recurrente del defensor valenciano desde que en 2010 prescribiera el II Plan Integral de Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el Observatorio, a fecha 31 de diciembre de 2015, el número de menores bajo medida de protección jurídica por parte de la Administración autonómica ascendía a 3.848, de los/las que 3.128 menores habían sido declarados en situación de desamparo (tutelados por la Generalitat).

De los 3.848 menores que se encontraban con medida jurídica de protección, 1.083 estaban en acogimiento residencial y 2.765 en acogimiento familiar. De estos últimos (acogimiento familiar),  2.060 en acogimiento en familia extensa y 705 en familia educadora.

Al defensor del pueblo valenciano le preocupa especialmente la situación de algunos/as menores que ya han sido declarados en situación de desamparo y que, a pesar de ello siguen permaneciendo en sus domicilios (la Conselleria informó de 42 menores en esta situación). Estas incidencias se producen en ocasiones por la falta de recursos para poder atenderles (plazas de acogimiento residencial o familiar) y en otras por intentos frustrados de retirar al menor, por no localización del mismo, desestimación judicial de entrada al domicilio, etc. Cualquiera que sea la razón, lo que está claro para el Síndic es que al prolongar la estancia del menor en su domicilio se está aumentando el tiempo de desprotección del mismo.

ACOGIMIENTOS FAMILIARES DE MENORES

Igualmente, el Síndic considera preocupante el número de menores de 0 a 6 años que se encuentran en acogimiento residencial, un total de 83, así como sus prolongadas estancias en los centros, muy superiores a los tres meses previstos en la ley. El informe del Observatorio el Menor destaca la necesidad de no acordar los acogimientos residenciales de niñas y niños de edades comprendidas entre los 0-3 años y progresivamente los de edades comprendidas entre los 3-6 años.

El defensor del pueblo valenciano también destaca el valioso e inestimable papel de las familias de acogida en los procedimientos de protección. Unas familias merecedoras de toda la consideración y el respeto por parte de la Administración pública, ya que “conocen las necesidades  emocionales y psicológicas de las niñas y niños que acogen en su seno.” Sin embargo y de acuerdo con las mismas, en muchas ocasiones no se tiene en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones para la protección de los menores que han tenido acogidos.