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Perturbaciones del sueño, dolor de cabeza, problemas estomacales, tensiones fisiológicas, reacciones cardiovasculares, sordera, trastornos psicológicos y psiquiátricos… estas son algunos de los efectos que produce el ruido en la salud de las personas. Hoy no cabe ninguna duda de que ese ruido no deseado y nocivo, junto con las vibraciones que provoca, cuando es continuo y excede de unos determinados parámetros, puede llegar a representar un factor de perturbación en la calidad de vida de las personas y más cuando esa ruido invade nuestro espacio más íntimo y privado, el domicilio.

Ruidos procedentes de bares, terrazas, botellones, discotecas, fábricas, maquinaria, tráfico de vehículos, estaciones de tren, aeropuertos, casales falleros, barracas, carpas de fiestas,  campanarios, hasta de los propios vecino colindantes; estas son las fuentes generadoras de molestias acústicas más recurrentes de acuerdo con las quejas que la ciudadanía hace llegar al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. El ruido o la contaminación acústica constituye uno de los motivos más importantes de quejas que recibe el defensor del pueblo valenciano a diario, así lo demuestran las 569 quejas tramitadas por esta institución durante el año 2015.

No es un problema particular de la Comunidad Valenciana sino que más bien parece que la española es una sociedad “ruidosa”. Así lo estima la OMS, que concluye que España es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón. Este dato quizá ayuda a entender las dificultades que encuentran las personas afectadas para conseguir una protección efectiva contra la contaminación acústica y la razón por la que las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que concluyeron el pasado viernes se dedicaran a la invasión del domicilio por los ruidos.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y sus homólogos han consensuado un decálogo de propuestas en el que solicitan a las Administraciones públicas, entre otras cosas, a reconocer el derecho de las personas a que su domicilio permanezca libre de ruidos; a proteger el derecho al descanso, así como su derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a su integridad física y psíquica.

Para garantizar de manera real y efectiva el cumplimiento de estos derechos, el Síndic remitirá a las entidades locales de la Comunidad Valenciana y a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural este documento encaminado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Entre las propuestas destaca la creación de una unidad de policía ambiental especializada en la inspección y control de ruidos tanto en territorio urbano como rural.

El Síndic recuerda que las Administraciones públicas tienen la obligación de actuar frente a cualquier alteración de la paz familiar y del entorno en que se desarrolla la vida íntima o privada. Para ejercer esta potestad “irrenunciable”, los ayuntamientos cuentan con distintas herramientas administrativas que van desde sanciones económicas hasta la clausura de las actividades. Sobre este aspecto, los defensores consideran que la Administración debe ser más activa y eficaz a la hora de inspeccionar las actividades ruidosas en el control posterior del cumplimiento de las medidas correctoras exigidas.

Pero también es imprescindible que la ciudadanía sea consciente de su deber de respetar los derechos de las demás personas, entre los que está el derecho al descanso. Partiendo de que el disfrute de estos derechos es una obligación no solo de los poderes públicos sino también de la sociedad civil, los defensores proponen  impulsar la educación cívica en los centros educativos y  las campañas informativas y de sensibilización.

Por último, los defensores dejan la puerta abierta a un debate en profundidad de la legislación vigente sobre ruido y evaluar la posible mejora de la regulación del ruido provocado por particulares y que afecte a otros terceros. 

Ver el Decálogo de las Defensorías contra el ruido