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Por otra parte, el informe aborda la problemática desde la perspectiva del derecho fundamental a la salud, que está recogido tanto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en la Constitución española, así como en los acuerdos sanitarios internacionales. Sobre este aspecto, la Sindicatura ha detectado grandes deficiencias en los mecanismos de atención a la salud mental que, según Ángel Luna, tiene que ver con varias causas: la falta de planificación y coordinación entre las consellerias, un cierto “caos” en la regulación de los centros de atención residencial a enfermos de salud mental y la falta de recursos tanto materiales como personales que ocasiona que el procedimiento de atención a los enfermos mentales se base principalmente en el internamiento, dificultando así la integración de los mismos en la sociedad.

El adjunto primero ha subrayado que en la actualidad hay demasiadas incapacitaciones judiciales totales, lo que va en contra de las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, del Tribunal Constitucional como y de la propia Fiscalía General de Estado que optan por las incapacitaciones parciales en lugar de totales y abogan por el ejercicio de la curatela en lugar de la tutela. Asimismo, también ha destacado la recomendación de adscribir a la Generalitat las funciones, los centros y los servicios que todavía gestionan las diputaciones provinciales en materia de salud mental.

El informe especial sobre salud mental, que puede ser consultado en nuestra página web, culmina con la emisión de treinta y una recomendaciones que van dirigidas a las administraciones públicas implicadas para que sean estudiadas y emitan el correspondiente pronunciamiento.