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Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, la institución del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana quiere unirse a todas aquellas personas, asociaciones y administraciones comprometidas con la concienciación y erradicación de esta lacra social. De este modo, el defensor del pueblo valenciano se adhiere este año a la campaña promovida por el Secretariado General de Naciones Unidas: ÚNETE “Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra mujeres y niñas”, y siguiendo este eslogan la sede del Síndic se iluminará de este color del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

La violencia de género es una pandemia mundial que adopta muchas formas y abarca multitud de actos: desde los más evidentes como el matrimonio forzado, la mutilación genital, la trata de mujeres y niñas, la violencia sexual y física, a otras formas más sutiles e incluso naturalizadas como es el acoso y el control emocional o económico. Todas ellas violaciones de los más básicos derechos humanos con graves consecuencias para la integridad física y mental de las víctimas. Una violencia que, lamentablemente, sigue cercenando la vida de muchas mujeres.

Es verdad que durante los últimos años hemos logrado avances en esta lucha. Sin ir más lejos, el 12 de agosto de este año ha entrado en vigor la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que establece por primera vez, el reconocimiento de los menores que viven en un entorno familiar donde está presente la violencia de género como víctimas directas del maltrato. Este reconocimiento conlleva la modificación, a través de la disposición final tercera, de la ley integral contra la violencia de género, que ahora extiende las medidas de protección integral (cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia) a los menores víctimas de esta violencia. Con los nuevos cambios legislativos, los jueces pueden adoptar las medidas, como la suspensión de la patria potestad o la custodia de menores, destinadas a garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de las mujeres.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados y avances conseguidos, nos queda mucho camino por recorrer. Toda la sociedad, en la medida de nuestras posibilidades y responsabilidades, debemos comprometernos en la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres y especialmente las administraciones públicas, que deben adoptar políticas y medidas transversales de género de manera coordinada, dotadas de suficiente presupuesto que sean capaces de ofrecer una solución eficaz e integral a este problema.