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El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para pedirle que considere la posibilidad de incluir cambios normativos que regulen las cláusulas indemnizatorias en los contratos de compraventa. De esta forma, en aquellos casos en los que se resuelva el contrato por la no conformidad de la entidad financiera con la subrogación del préstamo hipotecario o la no concesión del solicitado, o por causas sobrevenidas derivadas de la precariedad laboral del comprador, se proceda a la devolución de la totalidad de las cantidades entregadas a cuenta, especialmente en los casos de vivienda en régimen de protección.

Esta ha sido la respuesta del Síndic a raíz de la queja presentada por un ciudadano que pedía la mediación del defensor valenciano ante su ayuntamiento tras rescindir el contrato de vivienda de promoción pública. El afectado manifestaba que había firmado un contrato de compraventa de una vivienda de protección oficial en régimen especial y había abonado más de diecisiete mil euros en concepto de entrega a cuenta e IVA. Posteriormente, y como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo, presentó ante su ayuntamiento un escrito comunicando la imposibilidad de llevar a cabo la compra de la misma y solicitando la devolución de las cantidades abonadas, sin haber obtenido respuesta oficial del consistorio hasta el momento.

En esta situación de crisis económica que atraviesa nuestro país, las dificultades para acceder a una vivienda y los problemas que se derivan de ello, sobre todo los relacionados con la vivienda pública, son especialmente palpables en el Síndic de Greuges. Los retrasos en abonar las ayudas a la vivienda, la denegación de las prórrogas de subsidiación de préstamos para la adquisición de viviendas protegidas, los desahucios, la escasez de recursos habitacionales públicos, etc., son las principales razones por las que muchos ciudadanos acuden a esta institución.

En este caso concreto, y dado que la Conselleria ha anunciado su voluntad de aprobar una nueva normativa en materia de vivienda, el Síndic le ha sugerido que incluya en la misma una regulación de cláusulas indemnizatorias que, sin duda, supondría una mejora en la protección de las personas que compren vivienda pública. Además, el Síndic recuerda en su resolución que la Comisión Asesora de Cláusulas Abusivas dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya informó en el año 2001 a favor de un contrato de compraventa que recogiese estas previsiones.