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Los defensores del pueblo de España han presentado las conclusiones con las que han culminado las XXIX Jornadas de Coordinación, que se han celebrado esta semana en Vitoria y han versado sobre las necesidades y retos de las familias en el actual entorno socioeconómico y la respuesta de los poderes públicos. 

En la declaración conjunta, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, y los nueve defensores autonómicos  han destacado el papel irremplazable de la familia, en sus diversas morfologías, como «sede de afectos y relaciones primarias» y principal agente socializador que contribuye de manera determinante al desarrollo individual y a la construcción de la comunidad. Asimismo, han recordado que tanto la Constitución española, como los Estatutos de autonomía y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea instan a los poderes públicos a garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia. 

Este documento reivindica la implantación en toda España de una prestación económica a las familias en riesgo o situación de severa exclusión social que cubra las necesidades asociadas a una vida digna y esté ligada a la inserción socio-laboral. 

En relación a la conciliación de la vida laboral y familiar, los defensores instan a seguir aprobando subsidios directos o indirectos a la contratación, incentivos a la reincorporación al mercado laboral, así como cambios normativos que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral y la participaci&oacoacute;n activa de los hombres en las responsabilidades familiares. Asimismo, instan a impulsar una oferta suficiente de servicios que faciliten la conciliación y a revisar los horarios de trabajo y ocio para su mayor racionalización. 

También inciden sobre la necesidad de encontrar un reconocimiento y respeto debido a todos los tipos de familias existentes a través de la tipificación legal, en los documentos oficiales, o en el currículo y discurso de los centros educativos. En este sentido, reclaman medidas efectivas para garantizar el derecho de igualdad y a la no discriminación a los tipos de familias en los que concurre alguna circunstancia que pueda generar vulnerabilidad o desprotección. 

En las conclusiones se hace una especial mención a las familias con menores en situación de vulnerabilidad o riesgo, así como el reconocimiento de víctimas con identidad propia a los menores expuestos a la violencia de género. 

Ver el contenido íntegro de la Declaración de las Defensorías del Pueblo