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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido con satisfacción la respuesta de la Conselleria de Infraestructura Territorio y Medio Ambiente a la petición que el defensor valenciano le efectuó de paralizar la repercusión del IBI en unas viviendas sociales en régimen de arrendamiento de propiedad en la Vall d’Uixó.

El Síndic lanzaba esta recomendación tras recibir y tramitar numerosas quejas de los inquilinos de estas viviendas que denunciaban que el Instituto Valenciano de la Vivienda (ahora EIGE) les había comunicado que tenían que pagar el IBI, cuestión que hasta la fecha no habían tenido que sufragar, puesto que se había hecho cargo el propietario de la vivienda, en este caso la Generalitat Valenciana.

De acuerdo con el Síndic, aunque la normativa actual carga al inquilino con estos gastos, por encima de cualquier interpretación jurídica, en las circunstancias económicas actuales, con la crisis económica que estamos padeciendo, no se debe cargar a estas familias que acceden a una vivienda social como consecuencia de las dificultades económicas que padecen. A lo que añade que la actual medida adoptada parece ser insolidaria al afectar principalmente a personas y familias con escasos recursos económicos, cuya precaria situación se ha agravado con la crisis.

Asimismo, el Síndic recomendaba a la Conselleria que impulsara ante los ayuntamientos mecanismos de ayuda, deducción o bonificación del 95% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles en las viviendas públicas y sociales. 

Consulte el contenido íntegro de la Resolución del Síndic de Greuges.