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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido una queja de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Alicante en la muestra su rechazo por la reciente aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

En este sentido, Cholbi ha dado traslado a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, de la queja de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Alicante, puesto que ésta tiene competencias para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Este colectivo considera que la imposición de estas nuevas tasas dificulta en exceso el ejercicio del derecho a ejercer a la Justicia. Según afirman en su escrito de queja bajo ningún pretexto puede pretenderse descongestionar los juzgados a costa de la indefensión masiva e irreversible de los ciudadanos. 

Entre otros aspectos de esta normativa, Cholbi incide en el efecto disuasorio de la misma, ya que son muchas las personas que no cumplen con los requisitos para tener derecho a la justicia gratuita y que, sin embargo, por las dificultades de pagar unas elevadas tasas, no van a poder acudir a la Justicia para ejercer sus derechos o defender sus intereses legítimos.

En algunos casos, el importe de la tasa es más elevado que la cuantía de lo que se discute en el procedimiento –multas de tráfico, liquidaciones tributarias de escasa cuantía, etc.-, lo que provocará que muchos asuntos de cuantía económica escasa no se puedan plantear ante la Justicia porque resulte antieconómico.

Asimismo, el síndic también ha resaltado los elevados importes que contempla esta norma y que no distinguen entre la distinta capacidad económica de las personas que acuden a la Justicia. A partir de ahora, todos tendrán que pagar las mismas cantidades con independencia de su nivel de ingresos, ha concluido José Cholbi.