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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Cullera y a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para recomendarle que en el ámbito de sus respectivas competencias, extremen sus esfuerzos para lograr la rápida terminación de las obras de urbanización que permitan la ocupación de las 72 viviendas de protección pública construidas en el Bulevar del Xúquer, en Cullera.

Esta es la respuesta del defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana a la queja presentada por una persona afectada que denunciaba que, tras dos años y medio de espera para las viviendas, “resulta que una vez terminadas, no podemos acceder porque no hay luz”

En la resolución que Cholbi dirige a las respectivas administraciones les recuerda que según el art. 143 de la LUV la demora injustificada durante la realización y terminación de las obras, salvo las prórrogas que procedan, será objeto de análogas penalidades a las previstas en la legislación general de contratación administrativa relativa al contrato de obras (…). Asimismo, Cholbi añade que el art. 165.2 de la citada Ley (LUV) señala que (…) el propietario que contribuya a las cargas de la urbanización podrá exigir que el urbanizador la ejecute con la diligencia de un buen empresario y que la administración actuante tutele la actuación (…)

Según el síndic y teniendo en cuenta los citados artículos de la LUV, el Ayuntamiento de Cullera debería adoptar todas las medidas a su alcance para conseguir que las obras de urbanización concluyan cuanto antes. Por su parte, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente también debería impulsar la solución de los problemas técnicos referidos al suministro eléctrico y adoptar las medidas oportunas para evitar que los retrasos en la finalización y entrega de las viviendas pueda seguir perjudicando a sus legítimos adquirientes, quienes temen perder las ayudas y la financiación recibida.

El síndic es plenamente consciente de los problemas que la crisis económica está generando en la actividad urbanística de los municipios valencianos. No obstante, en el caso concreto que nos ocupa, Cholbi está convencido de que la peor parte de esta crisis lo soportan las familias y personas que injustamente están sufriendo el retraso en la entrega de las viviendas que les fue adjudicadas. Por todo ello, el defensor confía que tanto el Ayuntamiento como la Conselleria en cuestión sean sensibles a estas dificultades y que finalmente dichas personas puedan entrar a vivir en sus casas lo antes posible.